#contrataResponsable: compra y contratación pública con responsabilidad social.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria presenta www.contratacionpublicaresponsable.org para extender el uso de cláusulas sociales y medioambientales entre las instituciones locales, regionales y estatales.

Comienza, a través de diferentes acciones de difusión y la implicación general de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), una campaña para facilitar la inclusión de cláusulas sociales en los procesos contratación pública, impulsar en las instituciones la compra con criterios éticos, ecológicos y de transparencia, y extender el conocimiento de estas herramientas de justicia social, equidad y reparto en el entorno de la Economía Social y Solidaria y la sociedad en general.

La campaña reivindica el uso de la contratación pública como medio útil para profundizar en valores sociales básicos como la cohesión e inclusión social, el desarrollo local y sostenible, y la eficacia, equidad y transparencia del gasto público. En este sentido, la “Guía de Contratación Pública Socialmente Responsable” editada por REAS Euskadi subraya lo que hay de ilógico en “transferir presupuestos públicos a empresas que contaminan, que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, que practican la discriminación de género, o que incumplen la cuota del 2% de personas discapacitadas que exige la propia legislación”.

Adaptar la legislación del Estado español en compra y contratación pública supone definir un marco jurídico y unos criterios éticos que abarcan el 17% del PIB (183.000 millones de € en datos de 2015). Desde las redes de economía social y solidaria, las organizaciones medioambientales y los movimientos sociales se han multiplicado las críticas por la lentitud con la que se están trasladando a nuestras administraciones los mínimos exigidos. De hecho, las directivas europeas, publicadas en 2014 y que deberían haber sido traspuestas con límite abril de 2016, no han sido incorporadas al sistema jurídico del Estado español.

Como se recuerda desde REAS (y 2), la propia Unión Europea define que “los contratos públicos deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso más eficiente del dinero público”. Además, la promoción de una compra pública responsable, contribuiría a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, entre los que se encuentran la producción y consumo sostenibles.

El presidente de la red a nivel estatal, Carlos Askunze, ahonda más y señala que “es de vital importancia el desarrollo de políticas públicas que apoyen y protejan, como bien común, el desarrollo de las experiencias ciudadanas de construcción de una nueva economía, y que conviertan a las propias instituciones en agentes económicos con un impacto socialmente transformador” (http://www.economiasolidaria.org/documentos/compra_responsable).

La cuestión parece clara: por responsabilidad política, por madurez institucional, por oportunidad social, por voluntad de justicia, es momento de que las administraciones públicas, desde lo local a lo estatal, redacten, incluyan y apliquen en sus contratos y compras las cláusulas sociales, los criterios éticos y los elementos de protección del medio ambiente para hacer de lo público un espacio común, integrador y responsable.

La web www.contratacionpublicaresponsable.org

El inicio de estas acciones de comunicación, difusión y presión política coincide con la presentación de la web sobre compra y contratación pública responsable (www.contratacionpublicaresponsable.org) que REAS Red de redes, mediante el impulso definitivo de REAS Euskadi y REAS Aragón, pone a disposición de los organismos locales, regionales y estatales para facilitar la incorporación en los procesos de compra y contratación pública de condiciones que garanticen la calidad, la ética y el cuidado medioambiental que debe exigirse en la gestión de los recursos comunes.

La web está diseñada con el objetivo de simplificar el trabajo del personal político y técnico competente en la materia. En concreto, el núcleo central de www.contratacionpublicaresponsable.org lo forma un amplio repertorio de cláusulas listas para su incorporación directa a los pliegos, de manera que incluyan en éstos los objetivos sociales, éticos y ecologistas requeridos. En la práctica, las cláusulas se han dividido, por motivos de accesibilidad, en dos grupos:

• sociales, que incluyen temas de inserción laboral, discapacidad, igualdad y fomento de la Economía Social y Solidaria
•  y medioambientales, con apartados dedicados a los circuitos de proximidad y la compra de o contratación de diferentes servicios, de máquinas expendedoras a uso de papel, de gestión de viajes a limpieza de edificios.

Además de estos textos de libre consulta y listos para su uso con el sencillo método de corta y pega, la página recoge un compendio de legislación vigente, ejemplos de instrucciones y acuerdos en municipios y autonomías, guías que abarcan información de ámbito europeo, provincial y local, y noticias relacionadas con la compra y la contratación pública responsable, así como enlaces a otros enfoques del mismo tema y a entidades de la Economía Social y Solidaria.

La página ha sido elaborada por De par en par, consultoría especializada en cláusulas sociales y transparencia, y desarrollada por codek studio, usando códigos y componentes propios en un entorno de diseño que incorpora nociones de artesanía al mundo de la programación web.

Una campaña en colaboración

Las más de 500 entidades que componen la red a nivel estatal, así como las agrupaciones y colectivos afines que vienen demandando este tipo de prácticas desde hace años y que participan activamente en la presente campaña, instan con estas acciones a que los diversos agentes políticos y sociales se involucren en los debates públicos necesarios para promover la contratación pública responsable.

Las motivaciones para ello son muchas (algunas apuntadas en el presente escrito así como en la propia web) y responden al cumplimiento de normativas europeas y de ámbito estatal, autonómico y municipal, así como a demandas ciudadanas que reclaman la implementación de criterios éticos, sociales y medioambientales en la gestión de los recursos públicos, en pro de una mayor eficiencia del gasto, de un mayor y mejor impacto social y de un ejercicio de coherencia por parte de las administraciones que sirva de modelo al resto de agentes sociales.